Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Ad portas de vencerse el plazo para desarrollar las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República vía fast track al presidente Santos, éste dictó 34 decretos leyes relacionados con la implementación de los acuerdos de paz suscritos con la insurgencia de las FARC-EP en La Habana (Cuba).
Todos estos decretos además de los proyectos de ley que serán presentados para su aprobación tienen por objeto desde el punto de vista formal, brindar seguridad jurídica a los propietarios privados de grandes extensiones territoriales dedicadas a la agroindustria, la ganadería, la producción de alimentos para el consumo interno y la exportación, a la cual está ligada el gran capital financiero nacional e internacional respectivamente.
Por otra parte se trata de formalizar siete millones de hectáreas en favor de los colonos ubicados en al altillanura que desde hace varios años han solicitado la legalización de su posesión, además de entregarles a ochocientos mil campesinos sin tierra tres millones de hectáreas para que las cultiven, conjuntamente con la ejecución de un plan de electrificación rural, convenido con las comunidades agrarias y varios programas para atender sus necesidades más apremiantes a partir de sus territorios (enfoque territorial) y llevar los servicios básicos a todas aquellas zonas en donde el Estado no ha hecho presencia efectiva, particularmente en los territorios afectados con el conflicto armado que ha vivido el país.
Con todo este arsenal de decretos, se aspira a que se produzcan una serie de cambios que deberán operar en el futuro inmediato y que supuestamente conseguirán transformar las viejas y desuetas relaciones semifeudales que gobiernan la vida de las comunidades rurales y de todas aquellas personas y familias desplazadas por la violencia de los últimos sesenta años en Colombia.
Para hacer efectivos los objetivos del plan territorial se dice que se creará un fondo de tierras para la reforma rural integral del cual harán parte entre otros, los terrenos baldíos de la nación que en la actualidad se encuentran ocupados por diversos sectores económicos y sociales con grandes hatos de ganadería extensiva y explotación económica con cultivos de caña de azúcar, palma de aceite, que por lo demás será muy difícil su reversión en favor del Estado, además de que las tierras que se podrán distribuir entre los campesinos, deben ser aptas para el desarrollo agropecuario, en tanto que las que se han entregado en el inmediato pasado no podían ser aprovechadas dada la acidez del terreno y la inexistencia de la capa vegetal necesaria para el cultivo, tal como aconteció con la Hacienda Carimagua que fuera devuelta por sus adjudicatarios por estas razones.
Por otra parte es necesario anotar que si bien es cierto dichas reformas están dirigidas a modernizar el campo, su ejecución práctica se hará en el marco de las políticas neoliberales encaminadas a afianzar ante todo a los grandes inversionistas y a aprovechar el trabajo de las comunidades para el logro de sus objetivos y fines esenciales, ligados a la producción agroindustrial y de alimentos con miras al mercado exportador.
Con estas reformas amparadas por el Estado Social de Derecho se logra legalizar y legitimar el nuevo orden económico y social de bienestar general, con el cual se crea la sensación de que por fin se hará justicia social con los trabajadores del campo, pequeños y medianos propietarios de predios y los “sin tierra” que tendrán la posibilidad de acceder a ella luego de cumplir con las formalidades impuestas por la burocracia y la tecnocracia estatal, mediatizada por el clientelismo político y la corrupción.
Está claro que con la puesta en marcha se la nueva reforma agraria integral no será posible acabar con la concentración de la propiedad en el campo, ni librar a las comunidades de la explotación económica del trabajo, ni remover los obstáculos que impiden un desarrollo armónico e integral del mismo en sus relaciones con la ciudad en su conjunto.
Las reformas económicas, sociales y políticas tienen un verdadero sentido progresista y democrático cuando buscan resolver los problemas concretos y reales que afectan a las comunidades, derivados en este caso de la apropiación privada de la riqueza social producida con el trabajo de miles de hombres y mujeres que continúan en la pobreza y en condiciones de desigualdad social y además carecen del poder de decisión de su propio destino histórico enajenado en favor y para beneficio de una clase opulenta que algunos sectores políticos y sociales consideran poder conciliar apoyando simples reformas de cambio para que todo siga igual.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
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