Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Uno de los deberes esenciales de todo gobernante en relación con el ejercicio de la función administrativa es el de defender los intereses generales de los ciudadanos que no son otra cosa que la atención y solución a sus necesidades mas apremiantes y sentidas, que los convierten al mismo tiempo en sujetos y objetos del gobierno de la ciudad.
Dicha función según se dice en la Constitución, tiene que desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, cuyo cumplimiento debe adecuarse a los fines del Estado Social y Democrático de Derecho que consisten en servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, además de facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural, asegurando la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo y protegiendo la vida, honra y bienes de los habitantes de la ciudad.
La pregunta que deben hacerse los caleños es si el mandatario de turno ha cumplido o no con dichos principios, valores y normas que conllevan responsabilidades aplicables en este caso por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones administrativas.
Lo cierto es que los ciudadanos pertenecientes a todas las clases y sectores sociales tienen la palabra y el derecho inalienable de exigirle cuentas al alcalde de Cali, en tanto que éste actúa como mandatario de los caleños y no como un simple representante de sus electores.
Así las cosas, ha llegado el momento de hacer un balance de la gestión del alcalde Armitage como jefe de la administración local y representante legal del municipio, cuyas atribuciones Constitucionales le permiten dirigir la acción administrativa en cuestiones atinentes a la conservación del orden público deteriorado por lo demás con la creciente ola de inseguridad reinante en la ciudad; la deficiente continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios derivada de los constantes cortes y suspensión de los servicios de agua y energía en varios sectores de la ciudad; la quiebra económica, financiera y operativa del transporte masivo MIO; el cobro ilegal de la contribución de valorización por obras que no se terminaron y otras que no se realizaron; la presentación inoportuna al final de su mandato de un conjunto de proyectos de acuerdo algunos de los cuales no han sido reglamentados como el relacionado con la “Política Pública de Regulación y organización de ventas informales en el Espacio Público”, que crecen sin ningún control en toda la ciudad despojando a los peatones de su derecho a caminar por los andenes y en general al total deterioro urbanístico del centro de la ciudad, mientras que desde el punto de vista del gasto municipal los planes y programas relacionados con la construcción de nuevas escuelas y colegios se adelanta a medias y con sobrecostos amparados financieramente con la figura de las vigencias futuras que implica un mayor endeudamiento de las finanzas del municipio con el sector financiero, lo que suscita una ingrata recordación de las deudas contraídas por administraciones pasadas que apenas fueron saldadas recientemente.
Como si se tratara de un fallo anunciado METROCALI y el Municipio de Cali han sido condenados a pagar más de CIENTO DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($110.000.000.000), producto de los incumplimientos que aquella ha reconocido públicamente, lo cual sirvió de prueba para que el Tribunal de Arbitramento profiriera el laudo arbitral condenatorio.
La actual administración municipal tiene parte de la responsabilidad fiscal, disciplinaria, y su costo no podrá trasladarse a los usuarios ni a los ciudadanos en general, utilizando para ello los ingresos corrientes del Municipio que a su vez se nutren fundamentalmente del Impuesto Predial cuya base gravable será incrementada en el año 2019 con la actualización catastral.
A los ciudadanos les cabe cierta responsabilidad al no reivindicar el derecho de exigirle cuentas al mandatario, mas aun cuando para el próximo año electoral en que se elegirán nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, es menester que los potenciales electores no se dejen engañar con las palabras y promesas de aquellos candidatos que se aprestan aparentemente a defender los intereses comunes de los caleños pero que una vez se posesionan en los cargos de representación popular sacan a relucir sus propios intereses o los de su clase o grupo social.
De ahí la necesidad de desentrañar de las propuestas demagógicas y populistas su verdadera esencia que hábilmente ocultan los viejos y nuevos dirigentes que compiten en la lucha electoral por el poder y que para entonces no escatimarán recursos financieros, humanos y tecnológicos para convencer a sus electores de “nuevas y mejores condiciones” de empleo, seguridad, transporte, servicios públicos, inclusión social, participación democrática, etc., todo lo cual, hace parte de la táctica y de la estrategia a seguir, sin que en la práctica se resuelvan los problemas reales de los ciudadanos caleños, que no podrán continuar tragando entero sin antes reflexionar sobre el presente y futuro de la ciudad y de sus habitantes.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social