Contrario a la creencia común de que la democracia es un sistema político que fue diseñado para proteger los intereses de la mayoría, este sistema de participación ideado hace miles de años fue constituido con el fin de servir a los intereses de los ciudadanos, que en ese momento solo eran las personas con poder adquisitivo -y por tanto influencia social- y los hombres.
Solo fue hasta el siglo XX cuando el concepto de democracia parecía englobar a todos los actores sociales; durante muchos años se crearon y reformaron leyes para aumentar la cantidad de personas que podían participar democráticamente en la arena política, desapareció la esclavitud legetimada en la estructura social, se sumaron comerciantes artesanos y campesinos, y esta apertura se consolidó solo cuando las mujeres tuvieron acceso al voto.
Esa creencia común de que la democracia defiende y refleja los intereses de la mayoría solo se consolidó precisamente cuando todos los actores sociales pudieron ser partícipes, y luego de la reconfiguración del sistema internacional derivado de la Primera y Segunda Guerra mundial, respectivamente, el concepto de estado democrático se asentó en el imaginario político: un estado participativo en donde se protegen las libertades individuales, pero en donde impera la Ley y el Orden.
Sin embargo, la democracia al no ser un concepto que en sus orígenes pretendía defender los intereses de la “mayoría”, y teniendo aún en cuenta el cambio conceptual y casi ideológico que ha sufrido a lo largo de la evolución del sistema, sigue defendiendo a los intereses de aquellos que pretendía desde un inicio.
Las personas que tienen poder adquisitivo y que tienen algún tipo de influencia, puesto que en la evolución propia del sistema, estos actores influyentes o se volcaron a la participación política, cubriendo todos sus gastos y por ende usando las herramientas políticas para su beneficio posterior, o se aliaron con los actores políticos más convenientes para satisfacer sus intereses: reducción de impuestos, impunidad en el imperio de la Ley, lo que ha favorecido la creación de un sistema en el cual los grandes donantes privados son los que financian a los partidos tradicionales y para básicamente deciden los procesos democráticos de elección popular (caso aplicable inclusive en sistemas autocráticos y regímenes dictatoriales).
La gran divergencia, es entre la consolidación y perpetuación de este sistema, y las dinámicas sociales actuales, en donde reinan las “fakes news” en el debate público, aparecen actores que rechazan el sistema democrático establecido y los movimientos sociales hablan de la pérdida total de confianza y reflejan la preocupación general de su ineficiencia pues la gran conclusión es que no son viables.
Para Julia Cage, economista de origen francés existen formas de corregir estas divergencias (BBC). Una de sus propuestas trata sobre reformar la financiación de la democracia. Contrario a lo que se cree, el sistema democrático más que nutrirse de las arcas del estado, encuentra sustento en las financiaciones de privados, empresarios, familias de las élites económicas, militares y políticas y grupos o movimientos políticos.
Los actores como los donadores privados y políticos que invierten con un interés de por medio en un proceso democrático de elecciones tienen más peso e influencia en el proceso, que el votante común que sólo aporta el voto, puesto que esa inversión de dinero es la que realmente influye en que el candidato tenga más posibilidades de ganar.
La regulación de las donaciones podría quitarle peso a los actores que tratan de influir en el sistema, y aliviar el sistema de la presión política entre los actores. Sin embargo, el problema es estructural, ya que al existir los mecanismos y procesos propios de los sistemas democráticos, es deber del ciudadano (el actor que hace uso de esos mecanismos democráticos) entender y saber interpretar dichos procesos para que su participación aporte verdaderamente.
No es un ejercicio académico, sino ciudadano, de familiarizarse con el sistema que rodea a las sociedades democráticas. Un ejercicio impulsado desde la ciudadanía también, en un gran marco de interés colectivo desde agrupaciones comunales, vecinales, incluso religiosas y políticas.