Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En la actualidad avanza el trámite y aprobación de las reformas presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro en las diferentes comisiones del Congreso de la república en materia tributaria, Política, Agraria, así como la prórroga y modificación de la ley 418 de Orden Público con la cual se facilitará el proceso estratégico de la paz social.
Es necesario precisar que dichas reformas tan solo tienen por objeto introducir cambios en la sociedad, conservando lo esencial del régimen económico, político y social existente, conjuntamente con el propósito del gobierno de “desarrollar” el capitalismo fundamentado en los principios de la democracia liberal sobre la propiedad privada, la libre competencia y la garantía formal de los principios, valores y derechos de los ciudadanos consignados en la Constitución Política y garantizados por el Estado Social, democrático y de Derecho.
En este sentido, la reforma tributaria por ejemplo, conlleva necesariamente a la implementación de un régimen más equitativo, eficiente y progresivo en materia impositiva, en tanto se insiste en ampliar la base gravable de aquellos contribuyentes que viven en lo fundamental de su trabajo, además de incrementar los impuestos indirectos con los cuales se gravarán en igual proporción a pobres y ricos que adquieren productos, bienes y servicios para el consumo en el mercado, incluyendo aquellos que integran la canasta familiar.
Dicha reforma ya fue aprobada inicialmente por las comisiones económicas del Congreso y se espera que próximamente sea aprobada en las plenarias de la corporación convirtiéndose en ley de la república.
En cuanto a la reforma agraria, ésta tendrá un gran impacto y proyección social en favor de la clase de los campesinos y de los trabajadores del campo, concebida a partir de los acuerdos suscritos entre el gobierno y FEDEGAN, encaminados en principio a hacer realidad la entrega de la tierra (tres millones de hectáreas) a quienes la trabajan, siendo este hecho un subproducto de la lucha social de las masas campesinas contra los privilegios de grandes terratenientes y ganaderos que ostentan gran parte de la propiedad rural disponible para la explotación agrícola y ganadera y que de materializarse dicho acuerdo resultarán igualmente beneficiados con la negociación.
De otro lado no es improbable que la reforma política que cursa en el Congreso se convierta en un Acto Legislativo en la próxima semana luego de su aprobación en primer debate en la Cámara de Representantes sin mayores inconvenientes. Aunque dicha reforma fue aprobada en segundo debate en el Senado aún le faltarían seis debates para su aprobación definitiva. Dicho proyecto ha generado diversos debates en temas como las listas cerradas, el denominado transfuguismo, la financiación estatal de las campañas políticas conjuntamente con aportes privados, la conformación de listas paritarias e intercaladas con participación de candidatos pertenecientes a ambos sexos, etc., todo lo cual fue aprobado por la mayoría de parlamentarios de ambas cámaras del Congreso con excepción del voto obligatorio.
En tratándose de las listas cerradas se advierte la existencia de prácticas autoritarias que pueden presentarse respecto de algunos dirigentes que usando su poder discrecional determinan unilateralmente, por ejemplo, el orden en que deben integrarse dichas listas con lo cual se le imprime un carácter antidemocrático a dicho procedimiento. En estas condiciones la militancia no podría ejercer el derecho a la crítica a sus dirigentes que en ningún caso pueden situarse por encima del colectivo.
Ahora bien, el derecho de los militantes a renunciar a la organización política para vincularse a otro partido político, no debe confundirse con la práctica nefasta del transfuguismo ni del fraccionalismo que atenta contra la unidad e integridad de la organización política y conduce a su desintegración, casi siempre motivada por razones personales y oportunistas de uno u otro militante o grupo de militantes.
Igualmente fue aprobada la ley 418 que como se dijo inicialmente posibilita al gobierno para adelantar el proceso de la paz total con los grupos armados ilegales e incluso con el narcotráfico a partir de su sometimiento o acomodamiento a la ley y a la justicia ordinaria. Así mismo fue ratificado el Acuerdo de ESCAZU y aprobado el proyecto de regulación del cannabis con la oposición del partido Centro Democrático y de Cambio Radical.
Es de anotarse que detrás de la oposición a la ratificación del tratado antes mencionado, se ocultan los voceros de las grandes transnacionales del petróleo, el gas, la minería, el carbón, etc., que no están de acuerdo con que la comunidad participe en las decisiones que se toman en relación con la exploración y explotación de los recursos naturales, que han venido realizándose con la anuencia de los gobiernos de turno generándose con ello una serie de conflictos sociales producto de las contradicciones que surgen entre las comunidades afectadas con dichos procedimientos y las compañías extranjeras a las cuales se les entregan las licencias ambientales, sin que medie ninguna información al respecto tal como se establece en la Constitución y en la ley. Circunstancia ésta que no podrá repetirse y que en el inmediato pasado ha causado graves daños al ecosistema ambiental, tal como sucedió en el pasado con la extracción sin mayor control del platino y del oro por cuenta de la empresa norteamericana de la Chocó Pacífico.
Finalmente, lo que se busca con la regulación del cannabis recreativo es legalizar y legitimar su consumo de la misma manera como se hizo con el consumo del alcohol y del tabaco, para poder competir en el mercado con otras drogas particularmente con las sintéticas que cada vez se expanden en el seno de la comunidad, además de la posibilidad de aprovechar el cannabis (marihuana) en la producción de alimentos, cosméticos, fármacos, etc., convirtiendo esta sustancia en un negocio lucrativo y próspero en el futuro inmediato, circunstancia ésta que sentará las bases para la legalización de otras drogas que como la cocaína también será legitimada en manos de los antiguos productores, distribuidores e intermediarios que en el pasado fueron considerados como simples delincuentes que actuaban por fuera de la ley.
Por lo demás, el voto obligatorio que podría resurgir en medio de los debates que restan para la aprobación de la reforma política constituye una negación al derecho de elegir y ser elegidos el cual no debe subordinarse al deber de votar contraviniendo en este caso la correlación entre derechos y deberes como forma y medida de comportamiento del sujeto activo que ejerce su derecho frente a la forma y comportamiento debidos del sujeto que debe respetar el derecho de los ciudadanos a escoger sus gobernantes.
Tal como lo hemos sostenido en otras columnas las reformas no constituyen un fin en sí mismas sino un medio para avanzar por los caminos del progreso, la paz, la democracia y el bienestar general. Dichos propósitos podrán convertirse en realidad cuando se incorpore a los ciudadanos en la solución de sus problemas, el mejoramiento y perfeccionamiento de los medios democráticos en torno a la dirección, la administración, el control y la vigilancia de los asuntos del Estado y de la sociedad, acorde con sus demandas apremiantes relacionadas con el desarrollo económico, político y social de los miembros de la comunidad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social