Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Según algunos estimativos recientes el déficit del gobierno para el 2020 podría llegar a 90 billones de pesos, lo cual superará con creces los ingresos que obtendría el Estado derivados del recaudo de los impuestos, contribuciones, tasas y tarifas, etc.
Y de ahí que para algunos expertos la aprobación de una nueva reforma tributaria constituye la mejor salida para resolver dicho problema fiscal. En tanto que para otros la venta de varios activos del Estado sería la mejor forma de salirle al paso a este problema.
No sobra quienes proponen como alternativa la emisión de bonos de deuda pública o de moneda, con el fin de ampliar en este caso la circulación monetaria a partir del incremento de las transacciones en el mercado, generándose con ello el crecimiento de la producción de bienes y servicios.
De todas maneras, el gobierno insiste en vender parte de los activos del Estado particularmente del sector energético con lo cual aspira a manejar el déficit e impulsar la economía con la inversión de los recursos en obras de infraestructura que generan empleo, tal como se hizo con la venta de ISAGEN, cuyos recursos se destinaron a la capitalización de la financiera del desarrollo nacional.
Siguiendo este ejemplo se plantea que si ECOPETROL adquiere la participación que posee la Nación en ISA equivalente al 51.2%, se generarían grandes beneficios para el gobierno representados en cerca de 4 mil millones de dólares, además de que se garantizaría la participación mayoritaria del Estado en ambas empresas, consideradas como dos sectores estratégicos para la economía del país. Según el presidente de ECOPETROL, dicha transacción se haría bajo la figura de un contrato INTERADMINISTRATIVO que hasta la fecha está pendiente de la aprobación del Ministerio de Hacienda.
El hecho real es que con dicha operación mediante la cual el “Estado financia al Estado”, ni con la aprobación de una nueva reforma tributaria o la emisión de bonos de deuda pública o de moneda, será posible cubrir el abultado déficit fiscal que se incrementará para el 2022, en la medida en que crecerá el gasto social y aumentará la deuda pública conjuntamente con los gastos de funcionamiento del Estado, haciendo que las calificadoras de riesgos le rebajen la calificación al país para la obtención de nuevos créditos que serán más costosos de obtener.
En tales circunstancias la tarea del gobierno no le será fácil, amén de que en plena etapa pre-electoral carece del suficiente espacio político para imponer nuevos impuestos y gravámenes a las rentas de las empresas y a los dividendos de sus accionistas, como tampoco de extender el IVA a todos los productos, bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Así mismo la alternativa de emitir bonos de deuda pública o de moneda no parecen ser la mejor forma de financiar el déficit y/o reactivar la economía, en tanto que para que sea atractiva dicha opción de los bonos tendrán que ofrecer altas tasas de retorno, lo que sería muy inconveniente para el país con la depreciación de la moneda frente al dólar, mientras que la emisión monetaria traerá consigo un aumento de la inflación que en tiempos de crisis producirá un alza de los precios de las materias primas e insumos para la producción de los bienes y servicios de la canasta familiar.
Ahora bien, la estrategia de vender los activos del Estado al mejor postor con el fin de obtener los recursos que se necesitan para cubrir el déficit, constituye en el fondo una forma sutil y refinada de privatización del Estado, que según se dice por parte de sus promotores, debe reducir sus activos (que supuestamente no le reportan mayor rentabilidad), a cambio de utilizar los recursos de la venta, la emisión de bonos o del circulante “en impulsar la inversión pública y el gasto social”, lo que por supuesto se realiza en asocio con el capital financiero nacional e internacional, interesado en incursionar en los negocios del sector energético para los cuales la empresa ECOPETROL resultaría muy atractiva de adquirir en el mercado de valores, especialmente en este momento en que las multinacionales petroleras se muestran interesadas en apropiarse de los mercados de producción, distribución, transporte y de los diversos tipos de energía: solar, eólica, etc., que se imponen con el cambio climático, en lo que se conoce como el proceso de “descarbonización”, lo que para el país significaría una mayor dependencia de las multinacionales en el mediano y largo plazo.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social