Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La construcción de obras públicas cuya terminación se dilata en el tiempo generando sobrecostos se ha convertido en una práctica inveterada de algunos alcaldes y gobernadores en el territorio nacional.
En esta oportunidad tendremos que referirnos a la situación que se presenta con algunas de las obras acometidas por la gobernación del departamento del Valle del Cauca relacionadas con la ejecución de la doble calzada Cali Yumbo con las cuales se repite la historia de las obras inconclusas y con sobrecostos legalizados a través de la suscripción de varias adiciones presupuestales por miles de millones de pesos que no garantizan su entrega en los tiempos convenidos.
En este caso se trata del contrato suscrito por la otrora gobernadora Dilian Francisca Toro y que fuera objeto de varias suspensiones por motivos financieros y de adquisición a destiempo de los predios que se utilizarían para el trazado de las vías, generándose con ello un gran retraso para su entrega la cual debería hacerse para diciembre de 2019 con un costo total aproximado de 17 mil millones de pesos.
Lo cierto es que dicha obra fue anunciada en el año 2013 y formalizado el contrato en el 2017. Estas circunstancias demuestran además el grado de improvisación y la falta de planeación de los proyectos que a la larga generan sobrecostos y despilfarro de los dineros públicos, los cuales deben ser objeto de una exhaustiva investigación y sanción, en tanto que la actual gobernadora Clara Luz Roldan deberá comprometerse con la viabilización del proyecto y el buen destino de esta inversión pública.
Esta obra necesaria para la movilidad y la descongestión vehicular de la región, demanda en la actualidad de 1.100 millones de pesos adicionales para ejecutar lo que se denomina eufemísticamente como “obras complementarias”, que en este caso hacen referencia al alumbrado público, la semaforización, etc. Entregar solo una parte o el primer tramo de esta vía, es burlarse de los ciudadanos y despilfarrar los recursos públicos en una obra incompleta que seguramente no cumplirá con el objetivo propuesto inicialmente por la administración departamental.
En este evento, la contratación pública se concibe como un proceso simplemente jurídico-formal, sin entrar a considerar las condiciones reales y concretas de la financiación, los tiempos de entrega de las obras y otros aspectos de importancia de las mismas.
De hecho, la administración no solo fue negligente en este caso, sino que dilató la solución de los problemas que hubieran podido resolverse oportunamente por los funcionarios encargados de su control y vigilancia y que lamentablemente no lo hicieron durante el proceso de ejecución y desarrollo de las obras.
Los funcionarios del departamento tienen la obligación Constitucional y legal de rendirles cuentas a los ciudadanos afectados con la ejecución de las obras y para tal efecto se les debe convocar y darles las explicaciones del caso, en tanto se trata de una obra de interés general que los afecta directa e indirectamente en sus intereses y en su bienestar económico y social, lo cual no puede quedarse inédita y escrita en el papel como generalmente ocurre con los alcaldes y gobernadores que se hacen elegir por los ciudadanos como sus representantes y defensores del bien común y bienestar general.
ADENDA: La construcción del Centro de Negocios en el lado oriental del estadio Pascual Guerrero con un costo superior a los doce mil millones de pesos y el cambio de luces LED en convenio con la gobernación del Valle para la realización de la Copa América presentados como “proyectos movilizadores”, pueden convertirse fácilmente en un descalabro económico y financiero que afectará el presupuesto municipal que a su vez se nutre de los impuestos de los ciudadanos, al no conocerse sí realmente se realizarán los juegos de la copa América en el mes de Junio, o si la asistencia al estadio será presencial o virtual, circunstancia que afectará los ingresos que se causen por diferentes aspectos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social