Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El hurto de celulares ha cobrado una nueva víctima con el asesinato del parapentista Juan Manuel Alzate en el tradicional barrio de San Antonio. Este hecho criminal hace parte de la crónica anunciada con la penuria que le corresponde vivir a los caleños que no disponen de la seguridad a cargo de un cuerpo policial que resulta insuficiente para atender los problemas derivados de la inseguridad reinante en la ciudad. Y es que al respecto se conoce que la oferta policial es totalmente insuficiente, en tanto que de los seis mil agentes de policía aproximadamente un porcentaje cercano a los tres mil están comprometidos con la prestación de servicios especiales a diferentes personajes de la vida económica, política y social y a vigilar determinadas entidades públicas y privadas, mientras que el conjunto de los ciudadanos se quedan expuestos y desamparados en poder de las diferentes formas de delincuencia que hoy proliferan en gran parte de los barrios de la ciudad.
Lamentablemente la administración municipal en cabeza del alcalde Armitage y el Comandante de la policía “se consuelan” con la reducción en un porcentaje mínimo de los homicidios cometidos en comparación con el año anterior, con lo cual la preocupación principal se centra en un asunto estadístico, cuyos efectos y consecuencias se modifican de acuerdo con las circunstancias y de la manera cómo los delincuentes cambian sus estrategias delincuenciales, con las cuales ponen en jaque a la autoridad policial, que no está en capacidad de prevenir ni reprimir el delito que afecta al común de los ciudadanos.
Por supuesto que el problema más grave radica en que no existe una política integral en materia de seguridad, con todo y la instalación de nuevas cámaras de vigilancia y la entrega de un multimillonario presupuesto a la entidad policial para atender las necesidades básicas del servicio.
El hecho real es que los habitantes de los barrios San Antonio, Peñón, Libertadores, Nacional, etc., vienen exigiéndole al alcalde que adopte las medidas necesarias para brindar seguridad y tranquilidad a sus moradores, que hoy se sienten amenazados en su vida, honra y bienes por una creciente delincuencia que procede de otros sectores de la ciudad y comete toda clase de fechorías que lindan con la ineficiencia e impotencia de las autoridades locales.
Parte del debate tiene que ver con el hecho de que siendo el Estado el responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos, dicha obligación constitucional y legal no puede delegarse ni sustituirse con la implementación del servicio de seguridad privada que tan solo puede ser costeada por aquellos ciudadanos o entidades que voluntariamente así lo decidan.
Así mismo hay que decir que de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad no debe encargarse simplemente a los denominados “policías bachilleres”, que cumplen con una función social pero que no están en capacidad de reprimir el crimen que surge de manera planificada o espontánea en las calles y avenidas de la ciudad bajo las modalidades de atracos, fleteos, sicariato, hurto de medidores, etc.
Ahora bien, cualquier reforma encaminada a enfrentar la inseguridad conlleva a la necesidad no solo de aumentar el pie de fuerza policial sino de distribuirlo adecuadamente con el fin de cubrir estratégicamente el territorio municipal, principalmente en aquellas zonas en donde se desarrolla buena parte de la actividad social e individual de los habitantes de la ciudad, como son por ejemplo aquellos sitios turísticos, comerciales, culturales, artísticos, de recreación, etc., en donde concurren un sinnúmero de personas en busca de satisfacer sus necesidades materiales y espirituales y en donde preferencialmente hacen presencia masiva los delincuentes de toda clase.
Pero además de garantizar la seguridad a los habitantes de los barrios, es preciso también asegurar la tranquilidad y el sosiego domésticos que reclaman sus vecinos contra el ruido, la circulación y congestión vehicular al igual que la algarabía que se suma al desorden, la anarquía y la inseguridad permanentes en la ciudad.
Que el asesinato del joven parapentista sirva de antemano como un campanazo de alerta a las autoridades del ramo para que entiendan que su función esencial es defender el interés general y que de no hacerlo o cumplirlo a medias los hace incurrir en violación de la Constitución y la ley por acción u omisión o extralimitación de sus funciones públicas.
Veeduria Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social