La ley de la gravedad no sólo existe como atracción de la tierra sobre lo que está posado sobre ella. Muchos consideraron al Alcalde Jorge Iván Ospina muy posiblemente bien parado sobre nuestro suelo, pero esto sólo es en el aspecto físico, porque en la realidad siempre se sintió varios metros arriba, sostenido por su arrogancia y su terquedad aunadas al incondicional apoyo del Concejo y sus Secretarios de Despacho. La realidad es que, tras su actuar irregular, violando leyes y principios constitucionales, su estabilidad empieza a decaer estruendosamente y ya vemos como se desmorona cuando hasta la mayor casa periodística de nuestra ciudad, después de haberle ensalzado y difundido su “obra de gobierno”, comienza a voltearle la espalda, a huir de su esfera de acción como lo hacen los ratones cuando zozobra el barco.
Por esto, no nos debe llamar la atención la coincidencia, cada vez mayor, de artículos de respetados columnistas de EL PAÍS que denuncian los atropellos del burgomaestre expresando su opinión personal, aunque el Editorial, real expresión de la casa, poco o nada dice de quien les favoreció con jugosas pautas y millonarios contratos en el cercano pasado.
Leímos hace unos días a Diego Martínez Lloreda denunciando el intento de soborno de Ospina a los periodistas, amenazándoles con retirarles la pauta si no hablan bien de él y sus absurdas ejecutorias; María Elvira Bonilla nos plantea su crítica a la actitud liviana e irresponsable del Alcalde frente a la creciente inseguridad en la ciudad; Laura Posada, con su prosa clara y analítica, se duele de la pasividad e inoperancia del grupo de ineptos que nos gobierna localmente e invoca al 43% de caleños que no aprueba a ninguno de los candidatos a la próxima Alcaldía, a reaccionar frente a tan pobre propuesta y optar por una opción que nos saque del caos y la desesperación.
La caída de Jorge Iván Ospina representará un nuevo fracaso del sistema democrático mediante el cual elegimos como gobernante, simplemente a quien acumule más votos, muchos de ellos adquiridos por medios reprochables y otros creados artificialmente en procesos de conteo e informe de la entidad encargada de realizar los comicios, permeada como casi todos los entes gubernamentales, por una rampante corrupción. No existe en el proceso de elección ninguna etapa en la cual se califiquen los méritos, la capacidad, conocimientos, idoneidad ni mucho menos, la moral ni honorabilidad del candidato que va a ser elevado al máximo cargo público local. Estamos en manos de simples manejadores de mercenarios traficantes de votos, con el apoyo de grupos politiqueros de “dudosa ortografía”, como dirían nuestros abuelos.
Adhiero, entonces, a Laura Posada cuando escribe, al final de su artículo “¿Quién podrá defendernos?”, esta contundente pregunta:
¿Cuándo empezaremos a pensar en comunidad?