Por Ramiro Varela Marmolejo
Ingeniero Civil de Univalle, MBA U. V., Director de Caliescribe, constructor, Ex -Congresista y Ex Concejal de Cali.
En uso del derecho de petición, se le solicitó al Procurador ordenar la investigación disciplinaria qué tiene que ver con irregularidades e ilegalidades en actos administrativos asumidos por la Administración y Concejo Municipal en los meses de noviembre y diciembre del año 2018, contenidas en aprobaciones sobre el sistema MIO, la ejecución del Plan de 21 Megaobras de la valorización y la quiebra técnica del programa Jarillón de Cali. Esta petición por interés general y con el objeto de que se celebre una audiencia pública en la ciudad de Cali, donde el señor Procurador personalmente este en Cali y pueda recibir de los ciudadanos, hechos y nuevas pruebas en audiencia pública, para hacer las investigaciones, de conformidad a los siguientes hechos y consideraciones.
- El sistema de transporte masivo de Cali está mal ejecutado desde hace 12 años, que se probó la quiebra técnica del sistema. Por iniciativa ciudadana se aprobó un Acuerdo municipal, que ordenó la celebración de la estructuración técnica, económica y financiera del sistema, para que haya un cierre financiero del MIO, no fue posible que la administración cumpliera este mandato. No se ha adoptado el mandato de Acuerdo Municipal con el cierre financiero del proyecto y esto es un mandato del Acuerdo 192 del 2006 y 224 del 2007.
El actual Alcalde proyecta un subsidio permanente para el sistema, por una cifra de 1.3 billones de pesos hasta el año 2029, comenzando por el año 2019 con más de 150 mil millones de pesos, claro detrimento patrimonial que se pagará de los bolsillos de los caleños. Adicionalmente se crearon nuevos impuestos, para “regalarles” a los operadores de esos buses, a través de un subsidio fundamentado en una ley de Plan de Desarrollo que ya caducó (2014-2018), pero que no es retroactiva a los contratos que ya había celebrado la municipalidad.
El problema es estructural, solicito se investigue disciplinariamente la viabilidad técnica, económica y legal del STM de Cali
- El Plan 21 Megaobras con todas irregularidades e ilegalidades, se viene ejecutando desde hace 10 años sin los estudios definitivos y eso ha generado que 10 años después, los ciudadanos hayan pagado y la valorización y el municipio no ha cumplido. En este momento se deben obras por 1.1 billones de pesos, las que se pueden resumir en las siguientes: Av. Circunvalación del sur – ampliación y prolongación por 4 km; ampliación de la carretera al mar – 7 km; 110 kilómetros de rehabilitación de vías, puentes, parques, etc., son las obras faltantes y ya el programa legalmente no se puede seguir ejecutando, de conformidad al decreto nacional 1390 de 1970 y al Acuerdo 241 del 2008, que da términos de 2 años, para contratar las obras por el sistema de valorización. El detrimento patrimonial en este proyecto supera la cifra de un billón de pesos.
El problema es estructural, solicito se investigue disciplinariamente la viabilidad técnica, económica y legal del plan 21 megaobras de Cali
- El programa Jarillón de Cali tiene 7 años de ejecución, quedó de conformidad a un documento CONPES y a otras normas de ser terminado en el año 2016, 2017, luego se prorrogó al 2018 y en este momento faltan por reubicar más de 4000 familias, comprarles 4000 viviendas, lo que hay un desfase y un presunto detrimento patrimonial en más $200 mil millones. El problema es estructural, solicito se investigue disciplinariamente la viabilidad técnica, económica y legal del programa
PETICIÓN
- De conformidad a sus funciones, y los hechos y consideraciones, asuma su despacho la investigación sobre las irregularidades, ilegalidades e inconveniencias de las principales obras y proyectos del municipio de Cali, especialmente MIO, 21 Megaobras y Jarillón de Cali
- De conformidad a lo anterior, se solicita una audiencia pública a más tardar el 30 de enero de 2019, tendiente a que el despacho del Procurador General de la Nación y sus delegados reciban las pruebas de las denuncias que aquí se hacen, de tal manera que se pueda suspender la contratación de nuevas obras, hasta tanto no se aclaren la planeación de los recursos desde el punto de vista legal, económico y fiscal.
Anexo radicación
