Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Definir y calificar un gobierno implica realizar un análisis de sus propuestas y ejecutorias que va más allá de reducir lo público a lo bueno, lo malo, lo feo de la administración, lo cual implica gestionar lo público en función del cumplimiento de los fines y principios fundantes del Estado Social de Derecho que rigen en Colombia sin que se conviertan en muletillas utilizadas para “justificar” cada una de las decisiones del poder, generalmente improvisadas, coyunturales y enfocadas a grupos específicos y no al conjunto de la sociedad.
El desempleo, la informalidad, la inseguridad, la mala calidad de los servicios públicos en salud, educación, y domiciliarios, la movilidad, el transporte público, son algunos de los reclamos permanentes de la sociedad en general que no encuentran respuestas de sus gobernantes diferentes a las de privatizar sectores de servicios esenciales, aumentar el pico y placa, imponer nuevos tributos con incremento de los existentes y satisfacer peticiones de los pequeños grupos sociales que apoyaron con votos al mandatario de turno.
Medidas como el aumento del pico y placa para los vehículos particulares sin que exista un buen servicio de trasporte público, no resuelven el problema de la movilidad en una ciudad que como Cali se pretende limitar el tiempo de circulación de los automotores con dicha medida o construyendo nuevas vías y puentes, mientras tanto crece espontáneamente el parque automotor, con nuevos vehículos y motocicletas y se privilegia el ingreso incontrolado de vehículos de transporte público como Uber, etc., generándose un mayor caos y anarquía, ajenos a toda planificación del desarrollo urbanístico y de la movilidad en la ciudad, que demanda haberse tenido en cuenta su estructura topográfica, su clima, el tamaño de la misma, el tiempo de desplazamiento al trabajo, al centro administrativo, colegios, universidades, entidades de salud, justicia, etc., factores estos que tanto las administraciones anteriores como la actual no fueron asumidos para efecto de adecuar el progreso de Cali a las nuevas condiciones del desarrollo y bienestar general.
Por otra parte, los caleños tendrán que continuar protestando por la mala calidad del servicio de salud al cual se le asignan cuantiosos recursos del presupuesto municipal en la idea de que por este camino se mejorará dicho servicio, en tanto no se vincula a los centros de salud personal médico idóneo, capaz de producir diagnósticos y tratamientos ajustados a las necesidades de los pacientes, como tampoco se dota a los hospitales y clínicas de instrumentos tecnológicos para atenderlos oportunamente, siendo trasladados de un hospital a otro en lo que se conoce como el paseo de la muerte.
En este momento la ciudad atraviesa por una etapa muy crítica de la cual son responsables sus clases dirigentes que conjuntamente con sus gobernantes siempre han antepuesto sus intereses económicos y políticos por encima del interés general, de todo lo cual no es ajeno el alcalde Armitage que no está en condiciones de superar las contradicciones y conflictos que padecen los caleños que viven en una ciudad que creció espontáneamente y sin mayores controles ni políticas realistas ajustadas a sus necesidades crecientes y posibilidades de desarrollo económico, político, social, administrativo, cultural, ambiental, etc.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social