Por Paloma Valencia
Abogada – Senadora de la República.
Para mí es inexplicable el empeño del Gobierno, pero sobretodo de los partidos políticos representados en el congreso por entregarle a las Farc la justicia como arma de venganza política. Aunque trato de entenderlos, no puedo. Nada bueno saldrá de un sistema como este.
Están los temas de impunidad para los integrantes de las Farc que son francamente lamentables. Criminales de lesa humanidad que pueden hacer política sin pagar un solo día de cárcel, es más, sin cumplir las inocuas sanciones que prevé el sistema. Sobran bandidos en la política, para ahora querer completar el mal panorama democrático con asesinos y secuestradores. Con esto perdemos la batalla moral de la política donde si ser criminal de lesa humanidad no impide hacer política, tampoco ser criminal de poca monta. Y perdemos la batalla contra los narcotraficantes en política, hoy entran con todo y sus recursos. Aún más, usaremos los escasos recursos públicos para financiarlos.
Ahí no se detienen. A diferencia de los 48 millones de colombianos, a los parientes de las Farc no se les aplica la ley de extinción de dominio. Ellos no tienen que probar el origen lícito de sus bienes, será el Estado el encargado de demostrar que son ilícitos. En términos prácticos equivale a que los parientes se pueden quedar con todo, ser seguros testaferros, pues la prueba es imposible.
A las Fuerzas Armadas les cabe responsabilidad de mando cuando se demuestre control efectivo antes, durante o después de los hechos. En cambio, a las Farc solo les cabe si se demuestra control antes durante y después. Una sola conjunción con todas las implicaciones. Persecución a todos los altos mandos militares que no tienen entre orientación rectora el crimen, de manera que cuando sucede rompe el espíritu del cuerpo. Mientras las Farc estaban dedicadas al crimen, era su modo de actuar y sin embargo, nadie será responsable.
En cuanto el funcionamiento del aparato de la JEP, Kafka se quedaría corto. Mientras expiden las normas, tendrán normas provisionales, de manera que a unos se los juzgara con un sistema y a otros con otro, dizque para no perder tiempo. Nos recuerda la nefasta frase de “vamos fusilando mientras llega la orden”.
La JEP se dará sus propias normas procesales. Con ello rompen el sentido de la división de poderes, donde quien aplica la ley es alguien muy distinto a quien la hizo. Aquí los que aplican la ley también la hacen. Nos alientan diciendo que el proyecto elaborado por ellos pasará por el Congreso; como si luego de lo que hemos visto, aquello diera alguna tranquilidad.
Lo cierto es que esta batalla no está perdida. Los ciudadanos que creemos en la justicia como valor fundante de la democracia buscaremos el referendo revocatorio de ese acto legislativo. Me dicen algunos si no es de tener un nuevo robo como el acaecido con el plebiscito. Una sola respuesta, el plebiscito confirma la confianza en el pueblo colombiano que no se somete a presiones ni tiene precio. Y la confianza en la democracia jamás debe verse afectada por los tiranos y sus asociados, que tiene un plazo limitado. La persistir en las instituciones democráticas las fortalece y serán solo estas instituciones las que tiene capacidad para devolvernos el rumbo.